- Zehar-Errefuxiatuekin y la Coordinadora de ONGD de Euskadi han ofrecido una rueda de prensa para denunciar la violación de los Derechos Humanos y la criminalización y persecución de la sociedad civil en El Salvador.
- También han comparecido Ivania Cruz y Zenayda Serrano, abogadas, activistas y defensoras salvadoreñas actualmente exiliadas en nuestro país.
- Ya es público el informe elaborado tras la visita realizada en enero por una delegación vasca en el marco de NARE-Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
- El Comité de Solidaridad de Salvadoreñas/os en Euskal Herria ha convocado una concentración para el viernes 18 de julio, a las 19:00 en la Plaza Unamuno de Bilbao.
Las organizaciones vascas de cooperación y solidaridad, DENUNCIAMOS las graves violaciones de derechos humanos que el régimen de Nayib Bukele está generando en El Salvador.
Expresamos, una vez más, nuestro APOYO y SOLIDARIDAD con el movimiento feminista, organizaciones sindicales, organizaciones de defensa de la población LGTBIQ+, organizaciones de derechos humanos, periodistas, defensoras ambientales y del territorio, víctimas del régimen de excepción, madres buscadoras e instituciones académicas. Reconocemos su legítima defensa de los derechos humanos, la vida digna y la lucha contra la impunidad.
Algunas de nosotras hicimos parte de la Delegación Vasca que el pasado enero visitó El Salvador en el marco de NARE-Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Junto con representantes del Gobierno Vasco y del Parlamento Vasco pudimos constatar la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos y el cierre del espacio cívico; las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias y masivas con ausencia de garantías procesales; la impunidad; la falta de independencia judicial, la desprotección y el desamparo de las víctimas, que no tienen ninguna institución a la que acudir; la situación de crisis humanitaria que se vive al interior de las cárceles que incluyen testimonios sobre hacinamiento extremo, tortura, tratos inhumanos y degradantes; los ataques a la libertad de expresión y la libre información; la falta de transparencia y acceso a la información pública; el grave retroceso en los derechos y libertades de las niñas, mujeres y personas LGTBIQ+; la desprotección de la infancia y la adolescencia; y el deterior del sistema público en detrimento del aumento del gasto militar y presidencial.
Como señala la PNL Sobre el cumplimiento de la sentencia por el caso Beatriz y la situación en El Salvador, aprobada el pasado 22 de mayo en el Parlamento Vasco, y recoge el informe resultado de la visita que la Delegación Vasca realizó en enero, el régimen de excepción, que inició en marzo de 2022, sigue vigente tras 38 prórrogas. Bajo una supuesta estrategia de seguridad de lucha contra las pandillas, está enmarcado en una estrategia de control político y social más amplia, y ha dejado a su paso la detención de 85.000 personas sin el debido proceso (el 2,5% de la población adulta del país). Ha estado igualmente acompañada de diversas reformas legales e institucionales elaboradas con el objetivo de facilitar la coerción estatal y eliminar los mecanismos de control sobre la acción gubernamental.
A pesar del relato oficialista, que impone la narrativa del éxito de la seguridad, el régimen de Bukele se enfrenta cada vez a más voces críticas que desde el interior del país y desde la comunidad internacional denunciamos una política que genera graves violaciones de los derechos humanos.
En el marco del creciente proceso de criminalización de personas, organizaciones, comunidades y redes defensoras de derechos humanos, queremos denunciar y mostrar nuestra preocupación por las detenciones de Ruth López, de Cristosal, Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, Fidel Zavala de UNIDEHC y de la personas vinculadas al caso de La Floresta.
Ante esta situación:
- Urgimos la finalización del régimen de excepción y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales suspendidas. Un mecanismo excepcional no puede convertirse en una estrategia permanente de la política pública de seguridad basada en la represión, persecución y estigmatización de la población; ni puede revocar las garantías judiciales indispensables.
- Exigimos garantías para la vida y la integridad física y emocional de las personas detenidas, el respeto del debido proceso y el respeto por la defensa de los derechos humanos y el pensamiento crítico en el país, atendiendo asimismo a la situación de crisis humanitaria que se vive en el interior de las cárceles.
- Ante la gravedad de las denuncias recogidas por la Delegación Vasca en su visita, consideramos que la finalización del régimen de excepción debe ir acompañada de investigaciones para el esclarecimiento de la verdad y la depuración de responsabilidades institucionales e individuales ante las violaciones de derechos humanos cometidas. Violencias que pueden constituir, en muchos casos, crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las desapariciones forzadas o las muertes bajo custodia. Las víctimas y sus familiares deben tener acceso a mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
- Urgimos a adoptar políticas públicas que permitan ejercer la defensa de los derechos humanos garantizando el pensamiento crítico, el periodismo, la oposición política y el derecho a la protesta. Se hace urgente la finalización de los señalamientos, los actos de violencia y las campañas de desprestigio y criminalización contra su legítima labor en defensa de la libertad sindical, la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y de la población LGTBIQ+ o la defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes frente a la implementación de megaproyectos extractivos como la minería metálica o las grandes infraestructuras y proyectos turísticos.
- Urgimos a la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias mediante el cumplimiento efectivo de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencias para las Mujeres (LEIV) y el cumplimiento de las recomendaciones que emanan de la sentencia de la CoIDH en el Caso Beatriz y otros Vs. El Salvador.
- Finalmente, lamentamos y mostramos nuestra gran preocupación por la reciente aprobación de Ley de Agentes Extranjeros. Si se hace efectiva su implementación, la ley supondrá profundizar en el cierre del espacio democrático y avanzar en la criminalización de la sociedad civil.
CONCENTRACIÓN
El Comité de Solidaridad de Salvadoreñas/os en Euskal Herria contra la Dictadura de Bukele invita a la concentración por la defensa de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en El Salvador, el próximo viernes 18 de julio, a las 19:00 en la Plaza Unamuno de Bilbao.
