La resolución de un conflicto de más de 50 años no puede producirse sin escuchar al propio pueblo saharaui y sin ninguna garantía real para sus derechos humanos.
Puedes leer el comunicado original en la web de La Coordinadora estatal.
Ante el reciente pronunciamiento del Consejo de Seguridad de la ONU de impulsar un plan de autonomía para el Sahara Occidental, sin tener en cuenta a una de la partes, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo estatal reclama la necesidad de una solución justa y duradera basada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que garantice la libre determinación del pueblo saharaui tras más de 50 años de ocupación por parte de Marruecos.
La Coordinadora observa con preocupación esta propuesta en Naciones Unidas, lanzada sin haber contado contado con el Sahara Occidental y contraria a décadas de resoluciones de la propia ONU que marcaban el camino para finalizar este conflicto. Pedimos que los próximos acuerdos sean conformes al derecho internacional y el respeto a los derechos humanos de la población saharaui, tanto la residente en los territorios ocupados del Sahara Occidental como en los campamentos en Tindouf (Argelia).
En este sentido, es urgente que se den pasos hacia la resolución negociada de un conflicto que se inició hace ya 50 años, pero estos pasos no pueden darse obviando el derecho internacional sin mecanismos concretos ni garantías específicas para proteger los derechos del pueblo saharaui, y contraviniendo las resoluciones previas de Naciones Unidas, que determinaban la necesidad de que el pueblo saharaui pudiera decidir su futuro a través de un referéndum.
El papel del Estado español
Para La Coordinadora estatal, que representa a más de 600 ONGD, es el momento de que la acción exterior de España vuelva a apostar decididamente por garantizar el cumplimiento de las pasadas resoluciones de Naciones Unidas, el respeto al derecho internacional y los derechos humanos de la población saharaui. Esta postura resulta clave para garantizar una coherencia en la defensa de estos principios y sus actuaciones en los escenarios donde se vulnera el derecho internacional.
Situación en los campamentos
La propuesta de mantener la soberanía marroquí retrasa aún más la resolución de un conflicto, considerado como uno de los más largos del mundo, sino que además mantiene la condena al exilio de más de 170.000 personas que siguen malviviendo en los campamentos de Tindouf, en el desierto argelino.
Las ONG que trabajan en estos campamentos han alertado de la reducción de la ayuda humanitaria que llega a los campamentos, así como del deterioro de las escasas infraestructuras que se han conseguido poner en pie y que son vitales para la vida de la población. En 2024, las agencias de la ONU informaron de que el 90% de la población refugiada saharaui sufría escasez de alimentos, y de que los niños y niñas menores de cinco años estaban especialmente afectados por la malnutrición y la anemia.
Además, organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando la falta de libertad de expresión, el hostigamiento e incluso las detenciones y torturas de aquella población saharaui que vive en el Sahara Occidental y que se muestra favorable a la independencia o a la celebración de un referéndum.
