• La cámara legislativa vasca aprueba por unanimidad una Proposición No de Ley que denuncia la situación en El Salvador y exige, entre otras cosas, el cumplimiento de la sentencia por el Caso Beatriz.
• La delegación vasca de seguimiento a la situación de los derechos humanos en El Salvador ha comparecido tras el pleno, junto a la salvadoreña Ivania Cruz, abogada y defensora de derechos humanos.
• La Coordinadora de ONGD de Euskadi, junto al resto de organizaciones de la delegación, ha alertado sobre el «régimen de excepción» vigente en el país centroamericano.

Este jueves, 22 de mayo, el pleno del Parlamento Vasco ha debatido una Proposición No de Ley (PNL) sobre el cumplimiento de la sentencia por el caso Beatriz y la situación en El Salvador, presentada por los grupos parlamentarios del PNV, EH Bildu, PSE y Sumar. La PNL ha sido aprobada por unanimidad de todas las parlamentarias y parlamentarios presentes en la cámara, y por todos los grupos a excepción de Vox.

La propuesta llega durante la misma semana en que la Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado la Ley de Agentes Extranjeros, que criminaliza la solidaridad y la cooperación internacional, y que, según la Coordinadora de ONGD de Euskadi, «puede suponer un punto de no retorno, en el que se institucionalice la persecución a las organizaciones sociales, y se avance hacia la desaparición de todo el tejido asociativo y crítico en El Salvador». Esta nueva ley incluye, entre otras cosas, un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que las ONG reciban.

Durante el debate parlamentario, ha estado presente la delegación vasca de seguimiento a la situación de los derechos humanos en El Salvador, encabezada por el Gobierno Vasco y compuesta por la Coordinadora de ONGD de Euskadi junto a eLankidetza – Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, el Parlamento Vasco, Zehar-Errefuxiatuekin, Asamblea de Cooperación Por la Paz / Bakerako Lankidetza Batzarrea ACPP-BLB y Paz y Solidaridad Euskadi.

Junto a la delegación vasca, además de representantes de numerosas ONGD vascas, también ha acudido al parlamento la abogada y defensora de derechos humanos Ivania Berenice Cruz Cruz, de la UNIDEHC – Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, actualmente exiliada en Euskadi.

Tras el pleno, junto a la propia Ivania, han comparecido en la sala de prensa del Parlamento Vasco Irene Molero Gurrutxaga, coordinadora general de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, y Leire Lasa Fernández, de Zehar-Errefuxiatuekin, en nombre de la delegación vasca.

• COMUNICADO de la Coordinadora de ONGD de Euskadi: Criminalización de la solidaridad en El Salvador
• VIDEO COMPLETO del pleno ordinario del Parlamento Vasco: Pleno Ordinario (22/05/2025) – IREKIA

Criminalización de la solidaridad en El Salvador

En vista de los últimos acontecimientos en El Salvador y en relación a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, desde la Coordinadora de ONGD de Euskadi escribimos este comunicado con suma preocupación por la situación.

Las organizaciones en Euskadi que trabajamos en El Salvador nos hemos reunido y hemos realizado un análisis de la situación, y consideramos importante compartir la siguiente información en la que hemos tratado de sintetizar lo sucedido la semana pasada en el país, nuestras preocupaciones y nuestra propuesta, dada la urgencia de la situación y la velocidad en que se están produciendo los hechos.

En El Salvador, desde marzo de 2022, está vigente un régimen de excepción. Este régimen ha suspendido derechos constitucionales como parte de una estrategia de seguridad del gobierno. Aunque se presenta como exitoso, en realidad ha llevado a la detención masiva de más de 85.000 personas, muchas sin pruebas ni juicios, lo que representa alrededor del 2.5% de la población adulta del país. Durante estos tres años de régimen de excepción, se han documentado alrededor de 7.000 violaciones a los derechos humanos. La mayoría están relacionadas con detenciones arbitrarias y violaciones al derecho a la libertad de expresión, de asociación y de prensa. El gobierno ha concentrado el poder, debilitando instituciones independientes y cerrando el espacio para la participación ciudadana. No se cuenta en El Salvador con ninguna institución estatal independiente que pueda garantizar protección ante abusos o criminalización.

«Durante estos tres años de régimen de excepción, se han documentado alrededor de 7.000 violaciones a los derechos humanos»

En este caso, el pasado lunes, el Estado salvadoreño cometió agresiones (uso excesivo de la fuerza, detenciones, obstaculización del derecho a manifestarse pacíficamente y al ejercicio periodístico, amenazas, entre otras) contra las y los habitantes de la Cooperativa El Bosque, del cantón El Triunfo, en Santa Tecla, La Libertad. Así como contra personas defensoras y periodistas comunitarios que daban cobertura a la manifestación pública. El gobierno tomó diversas medidas violentas a través de la Policía Militar y la UMO, para impedir que las comunidades en riesgo de desalojo pudieran expresar su voz y reivindicar sus derechos por medio de una manifestación pacífica. Es un acto que no solo busca silenciar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, sino que también va en contra de los principios democráticos y del resto de los derechos humanos.

Tras este suceso, el pasado martes, 13 de mayo, el presidente de la República de El Salvador reaccionó comunicando a través de la red social X que presentaría a la Asamblea Legislativa para su aprobación una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, la cual ha sido finalmente aprobada este martes 20 de mayo e incluye, entre otras cosas, un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que las ONG reciban. Además, en dicha publicación, se vierten acusaciones en las que se deslegitima las acciones pacíficas de protesta realizadas por la población y se señala a las ONG que acompañan de manera legítima a las comunidades.

«Esto puede suponer un punto de no retorno, en el que se institucionalice la persecución a las organizaciones sociales, y se avance hacia la desaparición de todo el tejido asociativo y crítico en El Salvador»

En primer lugar, compartimos nuestra más alta preocupación por las consecuencias que puede tener la aprobación de dicha ley, y rechazamos categóricamente las acusaciones en las que se ataca y difama a organizaciones de sociedad civil salvadoreñas y ONG internacionales como manipuladoras de la ciudadanía. Esto puede suponer un punto de no retorno, en el que se institucionalice la persecución a las organizaciones sociales, y se avance hacia la desaparición de todo el tejido asociativo y crítico en El Salvador.

Las organizaciones salvadoreñas, al igual que las organizaciones internacionales, cumplimos tanto nuestras obligaciones administrativas y financieras conforme al marco normativo nacional e internacional que nos rige, como nuestros compromisos contractuales y de rendición de cuentas con las instituciones donantes y con la población beneficiaria en cada uno de los proyectos que se implementan en el país.

La cooperación internacional a través de la sociedad civil continúa aportando a la población en mayor condición de vulnerabilidad, y cubriendo parte los deberes y obligaciones que el Estado salvadoreño no está asumiendo.

Cabe destacar que no ha existido un debido proceso de consultas con los actores sociales involucrados. Este mecanismo de aprobación de leyes por dispensa de trámite ha sido una práctica frecuente desde 2021. Si la ley se rige bajo los mismos parámetros del dictamen que se trató de aprobar en el año 2021, implicaría inseguridad jurídica ante la falta de claridad del sujeto «agente extranjero»; y la posible criminalización de lo que se entiende por «realizar actividades para fines políticos u otros».

«[La Ley de Agentes Extranjeros] implicaría inseguridad jurídica ante la falta de claridad del sujeto ‘agente extranjero’; y la posible criminalización de lo que se entiende por ‘realizar actividades para fines políticos u otros’»

Además, se está haciendo un uso malicioso ante la opinión pública de esta ley, cuya finalidad más allá de la meramente recaudatoria es de control social. Todos los agentes de cooperación actuamos desde un enfoque de derechos humanos, que fomenta la participación de la ciudadanía en las políticas públicas y en el devenir del país; por lo que, en cualquier momento cualquier organización, en el marco de la discrecionalidad de esta nueva ley, puede ser criminalizada y obligada a cerrar operaciones en el país, como ha sucedido en otros países con normativas similares.

A nuestro criterio, más allá del afán confiscatorio, esta ley vulnera los acuerdos internacionales porque da pie a la vulneración de derechos consagrados, fundamentales para la democracia y la paz, como: la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, la libertad de prensa, la participación ciudadana y la defensa de derechos.

Es por todo ello que solicitamos, de manera urgente:

1. Comunicar a los diferentes Estados, Ministerios, Parlamentos, Ayuntamientos, Agencias de Cooperación y otros actores de sociedad civil el rechazo a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

2. Realizar gestiones de incidencia ante el cuerpo diplomático salvadoreño acreditado en los diferentes Estados para detener la aprobación de la propuesta de ley de agentes extranjeros anunciada por el presidente el día 13 de mayo pasado.

3. Comunicar a los diferentes Estados, Ministerios, Parlamentos, Ayuntamientos, Agencias de Cooperación y otros actores de sociedad civil, que recalquen al Estado Salvadoreño los aportes y beneficios de la cooperación internacional y de las actoras de sociedad civil salvadoreña e internacional para la construcción colectiva de un Estado de Derecho pleno y que salvaguarde los Derechos Humanos.

4. Instar al gobierno salvadoreño a respetar los tratados internacionales de derechos humanos de los que es estado parte y las obligaciones que de ellos derivan, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente en lo que se refiere al derecho a la libertad de asociación y de expresión, y al derecho a participar en los asuntos públicos.

Coordinadora de ONGD de Euskadi