- Organizaciones de la sociedad civil vasca reclamamos el respeto a los derechos fundamentales en Ecuador, y expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo ecuatoriano.
- Advertimos que el debilitamiento del Estado de Derecho en el país andino tendría graves repercusiones para la región y para la cooperación internacional.
- Exigimos del Gobierno de España una respuesta diplomática a través de posicionamientos y acciones que amparen las justas demandas de la sociedad civil y el pueblo ecuatoriano.
Las Organizaciones No Gubernamentales y entidades sociales que formamos parte de la Coordinadora de ONGD de Euskadi expresamos nuestra preocupación por la deriva autoritaria y represiva que está tomando el Gobierno de Ecuador en estas últimas semanas, tras la aprobación de un paquete de medidas legislativas neoliberales tramitadas de forma exprés, sin debate social, y el hostigamiento ante las movilizaciones del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) junto con organizaciones populares, de trabajadores, estudiantes, y activistas ambientales entre otros/as, en protesta por la eliminación de los subsidios al diésel anunciada por el gobierno el pasado 12 de septiembre, entre otras medidas.
En un contexto fuertemente militarizado, el actual nivel de violencia institucional, junto con la nueva declaración de Estado de Excepción en algunas provincias del país, ha llevado a situaciones de vulneraciones de derechos, detenciones arbitrarias, desapariciones y el lamentable asesinato de un comunero indígena en Cotachachi. También se están dando casos de bloqueo de cuentas bancarias personales u organizacionales sin orden judicial y de acusaciones sin fundamento legal por parte de la Fiscalía hacia personas defensoras por enriquecimiento ilícito. Así mismo, se reporta la vulneración de derecho de libertad de expresión y comunicación, como el cierre de medios de comunicación comunitarios, como el caso de la suspensión de la televisión del MICC (Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi).
«El actual nivel de violencia institucional (…) ha llevado a situaciones de vulneraciones de derechos, detenciones arbitrarias, desapariciones y el lamentable asesinato de un comunero indígena en Cotachachi»
Así mismo, la Corte Constitucional de Ecuador ha denunciado hostigamiento y riesgos a su seguridad desde agosto de 2025 por parte del gobierno ecuatoriano, tras la suspensión por parte de la Corte de varios artículos de las leyes aprobadas, al admitir acciones de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones y ciudadanos/as ecuatorianas y considerar que ciertas normativas podrían vulnerar derechos fundamentales.
Por ello, hacemos un llamado al gobierno ecuatoriano para que respete y garantice los derechos a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la libertad de asociación, protegiendo la integridad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y manifestantes, absteniéndose de cualquier medida que pueda conducir a la represión, el uso excesivo de la fuerza, la criminalización o las restricciones indebidas al debate público. Es imprescindible el cese de la escalada de violencia y el establecimiento de diálogo entre las partes, asegurando a su vez el acceso a la justicia y favorecer la investigación imparcial de las acciones represivas.
En este sentido, nos sumamos a la petición de ONU Derechos Humanos en América del Sur, que, por un lado, ha solicitado que «El Estado debe investigar las responsabilidades por la muerte del comunero indígena kichwa de forma exhaustiva y transparente, garantizando el acceso a la justicia para su familia y comunidad, así como del resto de personas heridas». Y también ha recordado que, de acuerdo con estándares internacionales, «el Estado es responsable de las acciones y omisiones de sus fuerzas del orden y tiene la obligación de investigar, de manera eficaz, imparcial y oportuna, un posible uso ilícito de la fuerza u otras violaciones de derechos humanos por agentes del orden en el contexto de reuniones». Según palabras de Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur: «Las fuerzas militares no son entrenadas para enfrentar situaciones de conflictividad social o seguridad pública. Su actual despliegue en este tipo de tareas representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos», advirtió.
«Respaldamos la legitimidad de las movilizaciones populares frente a su criminalización, en el marco del respeto a la diversidad y al reconocimiento de Ecuador como Estado plurinacional, tal y como se refleja en la Constitución del país»
Como organizaciones sociales, queremos expresar especialmente nuestra solidaridad, nuestra cercanía y ofrecer nuestro apoyo al pueblo ecuatoriano, a las diferentes nacionalidades del movimiento indígena, a las mujeres diversas de todo el país, a las organizaciones sociales y sindicales, en su lucha por sus derechos, así como en sus demandas históricas por la defensa de sus territorios y de los bienes naturales, frente a un modelo económico extractivo que vulnera los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, y nos está llevando a una crisis ecológica global. Respaldamos la legitimidad de las movilizaciones populares frente a su criminalización, en el marco del respeto a la diversidad y al reconocimiento de Ecuador como Estado plurinacional, tal y como se refleja en la Constitución del país.
Por otro lado, advertimos que el debilitamiento del Estado de Derecho en Ecuador tendría graves repercusiones para la región y para la cooperación internacional.
Y por último, exigimos del Gobierno de España una respuesta diplomática coherente con las obligaciones internacionales contraídas respecto a derechos humanos que están siendo vulnerados por el Gobierno ecuatoriano en estos días, a través de posicionamientos y acciones que amparen las justas demandas de la sociedad civil y el pueblo ecuatoriano.
Coordinadora de ONGD de Euskadi, a 7 de octubre de 2025.
