- PNV y PSE-EE, con mayoría absoluta, han introducido tres modificaciones legislativas de cara a los presupuestos de 2026, que serán aprobados en el Parlamento Vasco el 23 de diciembre.
- Una enmienda a la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad permitirá la colaboración del sector público con la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar «que se encuadre en la Estrategia Europea de Seguridad».
- La Coordinadora de ONGD de Euskadi, Zehar-Errefuxiatuekin y REAS Euskadi denuncian la «gravedad» de este cambio, y la «nocturnidad» con que ha sido introducido y aprobado.
En pleno debate presupuestario, la Coordinadora de ONGD de Euskadi ha reclamado a partidos e instituciones vascas una apuesta firme por la cooperación. Gracias en gran medida a ese trabajo de incidencia política, se han logrado incrementos presupuestarios en la Diputación Foral de Álava (1,2 millones), en la Diputación Foral de Gipuzkoa (500.000 euros) y en el Ayuntamiento de Gasteiz (350.000 euros), entre otras instituciones.
En otras instituciones, sin embargo, la realidad está siendo muy distinta, con importantes retrocesos para la cooperación vasca. Es el caso del Gobierno Vasco, donde además de una bajada porcentual en la partida destinada a cooperación para el desarrollo, también se ha producido una reducción en términos absolutos.
Pero es que, además, según reveló hace unos días elDiario.es Euskadi, los partidos que forman el Gobierno Vasco —PNV y PSE-EE, con mayoría absoluta— introdujeron el pasado 28 de noviembre una serie de enmiendas al articulado de la Ley de Presupuestos para el año 2026. Entre estas enmiendas (técnicas, en teoría), se introdujo una disposición final décima por la cual se modificaba la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad en su artículo 10, referido a la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.
«El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en sus políticas de promoción económica, no colaborará con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar que no se encuadren en la Estrategia Europea de Seguridad». Esta es la nueva redacción del artículo 10.4 de la Ley Vasca de Cooperación, que, al añadir el último condicionante, permitirá al Gobierno Vasco colaborar económicamente con la industria armamentística; eso sí, siempre que ésta sea europea.
En el texto de la enmienda, ambos grupos parlamentarios justifican el cambio de la siguiente manera: «Si no se aprueba, peligra la movilización de 325 millones de euros en inversión industrial en Euskadi». Y menciona tres sectores estratégicos: ciberseguridad, aeroespacial y combustibles renovables. Se trataría de inversiones que podrían ser consideradas de «doble uso» militar; es decir, relacionadas con productos que pueden destinarse a usos tanto civiles como militares.
Grave y «con nocturnidad»
La Coordinadora de ONGD de Euskadi, Zehar-Errefuxiatuekin y REAS Euskadi consideran que este cambio es grave, por varios motivos. El primero de ellos es la «nocturnidad» con que se ha realizado. «No se entiende que en la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos no se incluyera ya este cambio, contando con una mayoría absoluta para su aprobación, y se haya hecho mediante una enmienda entre las miles presentadas por todos los grupos; precisamente, desde el sigilo y en un momento de trámite más discreto», critican.
En segundo lugar, consideran que la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad, aprobada en febrero de 2024, fue «una ley de consensos, en la que todo el sector de la cooperación participó para crear un texto asumible por todos y todas». Modificarla ahora de esta manera, «en el último minuto, sin informar a nadie, y a espaldas del sector y de la sociedad vasca», contrasta con todo ello.
La Coordinadora, Zehar-Errefuxiatuekin y REAS Euskadi, que han tenido conocimiento de este cambio únicamente por la prensa, gracias al trabajo periodístico de elDiario.es, creen que esta forma de actuar «tiene un motivo, relacionado con lo que venimos denunciando desde su aprobación: la Ley de Cooperación molesta».
«Hace dos años sirvió para obtener una foto política de consenso y para que el sector pudiera estar satisfecho. Pero lo cierto es que el incumplimiento del texto aprobado es flagrante», alertan. «Desde la no convocatoria del Consejo Vasco de Cooperación durante casi dos años, hasta el incumplimiento del compromiso de avanzar hacia el 0,7% del presupuesto en partidas para cooperación al desarrollo. Esta modificación del artículo sobre coherencia de políticas es solo la última evidencia de la voluntad de incumplimiento».
Por último, la red de ONGD vascas, Zehar-Errefuxiatuekin y REAS Euskadi recuerdan que «la coherencia de políticas no es algo adjetivo», y añaden: «Claro que el artículo que se pretende modificar molesta; especialmente a quien no tiene interés en que el dinero de la ciudadanía vasca se utilice de forma coherente con los derechos humanos».
«Precisamente, ese era el objetivo de la coherencia de políticas que el Gobierno Vasco quiso plasmar en la ley, gracias al impulso de las más de 80 ONGD que forman la Coordinadora, junto a otras redes y entidades», critican. «No queremos que el dinero recaudado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se destine a colaborar e invertir en industrias dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar. Queremos que se destine a sectores productivos y reproductivos que favorezcan el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente y de las personas, tanto en Euskadi como en el resto del mundo».
