- La Coordinadora de ONGD de Euskadi reivindica el «modelo vasco de cooperación» frente al auge de los autoritarismos, el cierre del espacio cívico y el desmantelamiento de la ayuda internacional al desarrollo.
- Las 83 organizaciones que forman la Coordinadora representan un sector «fuerte, arraigado y presente» en Euskadi y el Sur Global, con una base social de más de 117.000 personas y más de 900 proyectos en casi 70 países.
- Tras dos años desde de su aprobación, las ONGD vascas critican la reciente modificación de la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad, así como su «incumplimiento», sobre todo en el ámbito presupuestario, aún lejos del 0,7%.
- Un informe revela que en 2026 el conjunto institucional de la CAV destinará a cooperación internacional el porcentaje presupuestario más bajo de la última década, aunque diputaciones y ayuntamientos compensan el importante recorte del Gobierno Vasco.
Este martes, 24 de marzo, la Coordinadora de ONGD de Euskadi ha organizado un desayuno-encuentro con periodistas en el Hotel Ilunion de Bilbao, con el objetivo de compartir sus análisis sobre el contexto internacional y local, reflexionar sobre los retos presentes y futuros de la cooperación vasca, y ofrecer a los medios de comunicación la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo de las 83 organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) que componen la red a día de hoy.
Coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación y entrada en vigor de la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad, en febrero-marzo de 2024, Sonia González Martín, Iñigo Odriozola Beitia y Susana Piera Moreno, representantes de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, han charlado con varios medios sobre diversos temas de actualidad.
Este encuentro con la prensa generó apariciones en varios medios de comunicación:
- Europa Press: ONGD vascas lamentan la «dejadez» del Gobierno en el desarrollo de la Ley de Cooperación y «el recorte» presupuestario
- El Correo: Más de 117.000 vascos participan en organizaciones de cooperación internacional
- Naiz: La cooperación vasca alerta del retroceso institucional y el giro hacia la militarización
- Gara: La cooperación vasca alerta de infrafinanciación y militarización
- Berria: Lankidetzarako aurrekontua murriztuta legea urratzea egotzi diote GKEek Jaurlaritzari
- Radio Nervión: ONGD vascas reclaman más compromiso por parte del Gobierno Vasco
- Radio Popular: Denuncian que la «dejadez» del Gobierno vasco reduce el prespuesto solidario de las ONGD
- Norte Expres: Aplauden a Álava por mandar más dinero al extranjero
- Última Hora: ONGD vascas lamentan la «dejadez» del Gobierno en el desarrollo de la Ley de Cooperación y «el recorte» presupuestario
- Cadena SER: Hoy por Hoy Euskadi (a partir del minuto 10:16, crónica sobre la rueda de prensa con declaraciones de Sonia González Martín)
- Naiz Irratia: Bigarren Kafea #1152 (erreportajea eta elkarrizketa Iñigo Odriozola Beitiarekin, 01:31:36 minututik aurrera)
- Gipuzkoa Noticias: La Coordinadora de ONGD denuncia recortes en ayuda humanitaria en Euskadi
Cierre del espacio cívico
Al inicio del conversatorio, la Coordinadora ha mostrado su preocupación por el «crecimiento del autoritarismo a nivel global», que trae consigo lo que en el sector de la cooperación internacional se conoce como «cierre del espacio cívico», es decir, la restricción progresiva de libertades fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Según el CIVICUS Monitor, que clasifica el espacio cívico de 198 países en cinco categorías –cerrado, reprimido, obstruido, reducido o abierto–, sólo el 7% de la población mundial vive en países con un espacio cívico abierto, total o relativamente.
«La vulneración sistemática de derechos civiles está cada vez más normalizada», lamenta Sonia González Martín, vicepresidenta de la Coordinadora. «Esta es una realidad a la que somos muy sensibles, ya que 11 de los 13 países en los que más trabajamos las ONGD vascas tienen un espacio cívico cerrado o represivo». Esos países son Guatemala, El Salvador, Perú, México, Colombia, Honduras, Cuba, Palestina, Senegal, República Democrática del Congo y Malí, territorios donde las organizaciones observan «a diario detenciones arbitrarias, represión de la protesta social, criminalización selectiva y restricción de la cooperación internacional».
Fuente: CIVICUS Monitor
Desmantelamiento de la cooperación, aumento del gasto militar
En ese complejo contexto internacional, el 1 de julio de 2025, Estados Unidos cerró definitivamente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta decisión supuso la eliminación de más del 90% de la ayuda internacional estadounidense y el recorte de unos 60.000 millones de dólares. «Las consecuencias han sido devastadoras: cierre de clínicas de VIH en Sudáfrica, finalización de programas médicos en Afganistán, interrupción de programas de nutrición…», advierte González. Estos recortes podrían provocar 9,4 millones de muertes evitables para 2030, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet.
La vicepresidenta de la Coordinadora sitúa esta decisión en una «ola de recortes» que también se está extendiendo por Europa, y que supone el «desmantelamiento» de la Ayuda Oficial al Desarrollo por parte de los principales países donantes: «El paradigma es claro: la cooperación internacional es vista como un elemento a eliminar». La OCDE advierte de una caída de entre el 9% y el 17% en 2025, que podría suponer una pérdida de entre 50.000 y 115.000 millones de euros respecto a 2023.
Todo ello contrasta con la militarización y la deriva belicista impulsadas por EEUU y la OTAN: «Los recursos se trasladan de la seguridad humana a la seguridad militar», censuran desde la Coordinadora. «Precisamente cuando el mundo ha alcanzado el pico más alto de conflictos internacionales desde la II Guerra Mundial, con al menos 59 guerras activas en el mundo y más de 90 países involucrados en guerras fuera de sus fronteras».
El gasto militar mundial ha aumentado de 1,2 billones de dólares en el año 2000 a 2,63 billones en 2025. Según señala González, el rearme europeo y el acuerdo de los países de la OTAN para alcanzar un gasto militar del 5% sobre el PIB tienen «repercusiones directas» en el sector de la cooperación, y «puede percibirse también en Euskadi».
Dos años de la Ley Vasca de Cooperación
En diciembre de 2025, el Parlamento Vasco modificó la Ley Vasca de Cooperación, gracias a los votos de PNV y PSE-EE, que cuentan con mayoría absoluta. «Una enmienda al artículo 10, introducida con nocturnidad y de espaldas al sector de la cooperación vasca, ha eliminado en gran medida la prohibición establecida por la ley, permitiendo al sector público vasco colaborar económicamente con las empresas que produzcan, comercialicen o financien armamento o tecnología militar, siempre que se encuadre en la Estrategia Europea de Seguridad», explica la vicepresidenta de la Coordinadora. «Todo ello con el objetivo de salvar 325 millones de euros en inversiones de posible uso militar al aprobar los presupuestos de 2026».
La ley fue aprobada «con un amplio consenso y prácticamente por unanimidad», e incorporaba «importantes avances, propuestas y compromisos», subraya González, que recuerda la «ilusión y esperanza» con la que las ONGD vascas vivieron aquel momento, pero también el «escepticismo».
Al hacer balance de estos dos últimos años, la Coordinadora critica la «dejadez» del Gobierno Vasco en el desarrollo de la ley, «a la hora convocar los espacios de decisión, con avances lentos en cuestiones concretas y con incumplimientos presupuestarios»; y le acusa de «haberse puesto de perfil» ante la coyuntura internacional.
Nuestro modelo vasco de cooperación y ONGD
Ante este contexto local y global, Iñigo Odriozola Beitia, delegado de Gipuzkoa en la Coordinadora, defiende que «el modelo de cooperación vasca juega un papel fundamental para contener esta ola antidemocrática y antiderechos», y reivindica «una Euskadi solidaria, que diga no a la guerra y que ponga los derechos humanos en el centro».
A día de hoy, la Coordinadora está formada por 83 ONGD, que, según el último Informe del Sector (2025), cuentan con una base social de 117.586 personas (socias, voluntarias, donantes, personal técnico…). Estas organizaciones trabajan para contribuir a mejorar las condiciones de vida, crear oportunidades y apoyar el desarrollo a largo plazo, a través de 909 proyectos de cooperación internacional en 69 países del mundo. Esos proyectos, gestionados por ONGD vascas en colaboración con entidades locales, abarcan diversas áreas: salud, nutrición, educación, provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene, protección infantil, empoderamiento de las mujeres y personas LGTBIQ+, defensa de los derechos humanos…
Odriozola considera que se trata de un sector «fuerte, arraigado en la sociedad vasca y con presencia en Euskadi, en el Sur Global y en gran parte del mundo». Y así lo confirma el Informe del Sector (2025), según el cual las ONGD vascas trabajan en sus proyectos con más de 5,7 millones de personas en el mundo; una cifra que puede ser mucho mayor, si tenemos en cuenta que la ayuda humanitaria en Palestina podría beneficiar a otros casi 6 millones de personas que viven en los territorios ocupados y en Gaza.
Además, respecto al género, la mayoría de las personas con las que trabajan las ONGD vascas son mujeres: casi un 80% en América, un 70% en Asia y un 55% en África. «Esto demuestra que nuestra presencia está comprometida con erradicar las brechas de género, en un momento en el que los movimientos feministas sufren una oleada de ataques reaccionarios», explican desde la Coordinadora.
Según otro informe, encargado recientemente por la Coordinadora y que verá la luz muy pronto, «la cooperación descentralizada vasca es un actor estratégico esencial para sostener las redes transnacionales de defensa de derechos y activismo ciudadano». Según dicha investigación, este modelo promueve la participación de organizaciones de la sociedad civil y de mujeres en mayor medida que la cooperación centralizada o estatal. Además, la cooperación vasca «está más dispuesta a trabajar en contextos frágiles, demostrando un compromiso político con contextos donde los retrocesos en derechos humanos son más intensos».
Sensibilización y conciencia crítica
Junto con su trabajo en el Sur Global a través de proyectos de cooperación al desarrollo, las ONGD vascas cuentan con otra herramienta de acción transformadora: la Educación para la Transformación Social (EpTS). «Se trata de una propuesta educativa que se desarrolla a nivel local, en nuestro propio territorio, y cuyo objetivo es generar en nuestra sociedad una conciencia crítica sobre las desigualdades e injusticias globales», explican desde la Coordinadora. «Se concibe la educación como una práctica emancipadora, orientada a generar una ciudadanía crítica, participativa y movilizada a favor de los derechos humanos y la justicia ecosocial».
Es una línea de trabajo ampliamente consolidada, pues el 87% de las ONGD vascas cuenta con entre 5 y 10 años de experiencia en EpTS, desarrollando iniciativas con redes feministas, ecologistas, antirracistas, vecinales… A día de hoy, la gran mayoría de ONGD presentes en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa cuenta «como mínimo» con entre 2 y 4 proyectos anuales en este ámbito. Además, durante los últimos tres años, las ONGD de la Coordinadora han llevado a cabo iniciativas de EpTS en 88 municipios vascos, y han intervenido en más de 550 centros educativos.
Fruto de todas estas iniciativas, la web de la Coordinadora cuenta con ERALDAGUNE, un espacio de referencia que cuenta con un catálogo de recursos educativos para transitar a una sociedad más justa, con más de 400 materiales y recursos educativos creados por las ONGD y a disposición de la ciudadanía.
«Actualmente, uno de los principales retos del sector es profundizar en el trabajo que realizamos en la educación formal, en coherencia con la Ley Vasca de Cooperación y la Ley Vasca de Educación, incorporando propuestas de EpTS en el currículo de la educación universitaria y no universitaria», cuenta Odriozola, que también es miembro del equipo de educación de la Coordinadora. «Hoy más que nunca, somos imprescindibles para transformar nuestra sociedad en una más justa, feminista e igualitaria».
Presupuestos 2026: recortes, incrementos e incidencia
Susana Piera Moreno, tesorera de la Coordinadora, lo tiene claro: «Para seguir realizando la labor que llevamos décadas desarrollando, hace falta compromiso político y una dotación económica suficiente. No solo para asegurar la financiación de los proyectos de cooperación, sino también para disponer de recursos humanos técnicos suficientes, formación continua del personal, herramientas adecuadas de trabajo y capacidad de respuesta ante imprevistos».
Por ello, la Coordinadora realiza anualmente una importante labor de incidencia política en los debates presupuestarios de las siete principales instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca: Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos de las tres capitales. El Informe Presupuestos de las Instituciones Año 2026 resume la situación presupuestaria de dichas instituciones, así como el trabajo de incidencia desarrollado durante los meses previos a su aprobación.
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Entre los datos más destacados encontramos que en 2026:
El Gobierno Vasco es la institución que menos porcentaje destina a cooperación:
Su primer recorte en una década ha supuesto una reducción de 2,5 millones de euros con respecto al 2025. «Es un incumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación, del acuerdo de gobierno y del Plan Bienal de la Agencia Vasca de Cooperación. El Gobierno Vasco está dando marcha atrás en su política de cooperación y en los compromisos adquiridos», critican desde la Coordinadora.
«Además -según explica Piera-, la ley obliga a aumentar el presupuesto en cooperación, al menos en la misma proporción que el presupuesto general, por lo que hablaríamos de una diferencia real de más de 7,5 millones. Sin olvidar que el mandato de la ley por el 0,7% supondría un aumento de 71 millones».
El conjunto de Euskadi solo destina un 0,35% a cooperación:
Se trata de la media de las siete principales instituciones de la CAV. Es la cantidad más baja en la última década: hace seis años se destinaba un 0,40%. En el caso del Gobierno Vasco, solamente destina un 0,31% de su presupuesto.
Diputaciones y ayuntamientos:
«Aún así, el trabajo de los equipos de incidencia de la Coordinadora ha dado sus frutos, logrando aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo en los presupuestos de cinco de las siete principales instituciones vascas», celebran. «Eso permitirá que nuestras ONGD puedan equilibrar de alguna manera las consecuencias del recorte del Gobierno Vasco, y seguir acompañando a las poblaciones vulnerables con las que llevamos, en algunos casos, una consolidada alianza de más de 40 años».
A pesar de la importancia y tamaño del presupuesto del Gobierno Vasco, se han logrado crecimientos presupuestarios significativos en otras instituciones, destacando la Diputación Foral de Álava (1,2 millones de euros) y la Diputación Foral de Gipuzkoa (500.000 euros).Los aumentos previstos por las tres diputaciones y los tres ayuntamientos, junto a lo negociado en acuerdos posteriores, suman en total más de 3 millones de euros.
Mayorías absolutas VS Acuerdos y negociaciones
El informe deja en evidencia algunas diferencias entre administraciones y formas de gobierno:
- Los ayuntamientos son los que más aportan.
- Las mayorías absolutas son las que menos aumentan su presupuesto.
- Los tres ayuntamientos superan el 0,50% (liderados por Vitoria-Gasteiz, con un 0,60%).
- Las diputaciones se sitúan en torno al 0,40% (la Diputación de Bizkaia es la que más destina, con un 0,42%).
- El Gobierno Vasco destina el 0,31%.
«Las mayores subidas (Álava y Gipuzkoa) han sido el resultado de negociaciones entre el gobierno y otros partidos políticos. Destacamos especialmente los acuerdos y negociaciones impulsadas por Elkarrekin Araba y Elkarrekin Gipuzkoa», subrayan.
«De cara a futuros debates presupuestarios, reclamamos a partidos e instituciones vascas acuerdos amplios, compromisos claros y una apuesta firme por la cooperación y la solidaridad internacional», apuntillan desde la Coordinadora. «En ese sentido, es importante que los presupuestos para el año 2027 incluyan avances hacia el 0,7% en Ayuda Oficial al Desarrollo. Es el objetivo establecido por Naciones Unidas para el año 2030, y es un mandato legal según la Ley Vasca de Cooperación. Euskadi ha sido, es, y debe seguir siendo un referente en solidaridad internacional».
