- La delegación vasca en Colombia, en la que ha participado la Coordinadora de ONGD de Euskadi, alerta sobre la degradación del conflicto armado y reafirma su compromiso con la paz y los derechos humanos.
- Durante la visita, realizada entre el 22 y el 31 de enero, las defensoras y defensores de derechos humanos del programa NARE han advertido sobre el aumento del riesgo y del recrudecimiento de la violencia en Colombia.
Bogotá, 30 de enero de 2026
Una delegación vasca compuesta por Gobierno Vasco, Parlamento Vasco y organizaciones vascas de derechos humanos y cooperación ha visitado Colombia, del 22 al 30 de enero, para dar seguimiento a la situación de las personas y colectivos que han participado en NARE-Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. El objetivo de esta visita es realizar un seguimiento a la situación personal y organizativa de las personas acogidas en Euskadi en diferentes años y visibilizar el apoyo institucional y organizativo vasco a sus procesos en defensa de los derechos humanos.
La Delegación Vasca se ha reunido con la Asociación Campesina para el Desarrollo Rural (ACADER), con la Asociación de Desplazados y Mujeres de Antioquia (ADMA), con la Consejería de Mujer y Familia del Pueblo Awá, con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), organizaciones a las que pertenecen varias personas acogidas en NARE. Asimismo, ha mantenido encuentros con otras organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Red de Mujeres Buscadoras, la Mesa de Víctimas del Valle de Aburrá, Vivamos Humanos y plataformas como la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
Tras estos encuentros se ha desarrollado una agenda con organismos internacionales, cuerpo diplomático e instituciones del país, a nivel local, departamental y nacional, a las que se les han trasladado las principales demandas, preocupaciones y propuestas recogidas en los territorios. En Medellín, la Delegación sostuvo un encuentro con la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, la Personería Distrital de Medellín, el enlace territorial para Antioquia de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la sede territorial de Antioquia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Misión de Verificación de la ONU. En Bogotá se mantuvieron espacios de diálogo con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Embajada de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La Delegación Vasca, compuesta por la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas y eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad del Gobierno Vasco, el Parlamento Vasco, la Coordinadora de ONGD de Euskadi, Fundación Alboan, Movimiento por la Paz (MDPL) y Zehar-Errefuxiatuekin, agradece a todas ellas su recibimiento y acogida.
Expresamos nuestro más profundo RESPETO, APOYO y SOLIDARIDAD con el movimiento social colombiano, con las organizaciones de víctimas y derechos humanos, los sectores urbanos, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y el pueblo negro.
Reconocemos su compromiso político y social con la legítima defensa de los derechos humanos, de la vida digna, de la tierra y el territorio; así como su capacidad de resistencia, resiliencia y su apuesta por la construcción de un país en paz con justicia social, ambiental y de género.
Reconocemos también el marco institucional y normativo del Estado colombiano para garantizar la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, así como la voluntad y el compromiso del actual Gobierno para superar las violencias e inequidades históricas de las mayorías sociales. Sin embargo, constatamos las dificultades para materializar avances. La situación del país constituye un desafío en términos de prevención, protección y defensa de la vida digna.
En este marco, mostramos nuestra PREOCUPACIÓN por:
- La dimensión del conflicto y la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos hacen que la respuesta institucional sea insuficiente y limitada la presencia del Estado en los territorios.
- Las violencias ejercidas contra las personas defensoras de derechos humanos, comunidades, organizaciones y colectivos.
- La presencia de multiplicidad de actores armados y sus disputas por el control social, político y económico en los territorios ha derivado en una degradación del conflicto armado que está generando graves impactos en las comunidades, tales como:
- Imposición de normas de conducta, confinamientos y prohibición de movilidad imposibilitando sus medios de vida.
- Cooptación de las instituciones locales y los liderazgos sociales.
- Despliegue de ‘políticas sociales’ para ganarse a la población.
- Proliferación de las economías ilegales, entre las que destacamos la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito.
- Uso de nuevas tecnologías como arma de guerra, como es el caso de drones.
- Incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
- Falta de confianza en el sistema judicial ordinario, lo que inhibe la interposición de denuncias por hechos victimizantes, engrosando los altos niveles de impunidad y el subregistro de denuncias.
- El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (mediante el uso, entre otros, de redes sociales y otras estrategias de engaño).
- La violencia sexual y la trata que, más allá de las afectaciones sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y niñas, son estrategias para la ruptura del tejido social y el control de las comunidades.
- La implicación de empresas multinacionales y el sector privado como agentes implicados en la generación de violencias. De especial preocupación es el caso de la Smurfitt Westrock en Cajibío (Cauca) por las afectaciones sobre las fuentes hídricas, la biodiversidad y el uso de métodos extrajudiciales contra las comunidades campesinas.
- Los múltiples desafíos que acumula la política de Paz Total impulsada por el actual Gobierno, a pesar de que las organizaciones y comunidades muestran su apoyo a la salida negociada del conflicto:
- Despliegue territorial
- Mecanismos de participación que permitan incorporar las propuestas de las comunidades
- Marco jurídico y metodología
- Implicaciones que suponen el otorgamiento de estatus político a grupos armados ilegales como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)
- Mantener espacios de diálogos con actores que siguen generando violencias en los territorios
- Diseño de protocolos de seguridad para líderes y lideresas que participan en las mesas de negociación
- Aplicación de un enfoque de seguridad en detrimento de un enfoque más integral que incorpore claves de desarrollo en los territorios
Todo ello está generando, entre otras consecuencias graves, un fuerte impacto en la salud mental de las comunidades y afectaciones físicas derivadas de la somatización de la presión, el estrés y el miedo de vivir en estos contextos violentos.
Finalmente, mostramos nuestra preocupación por la previsión del recrudecimiento de las violencias en el marco del periodo electoral que enfrenta el país.
Y RECOMENDAMOS:
- Reforzar un modelo de gobernanza inclusivo con una mayor presencia en los territorios mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque étnico y de género.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos.
- Implementar el enfoque preventivo en la política pública de protección a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en riesgo, así como mantener y mejorar las herramientas actuales.
- Mejorar los mecanismos de protección y control territorial propios de los grupos étnicos: guardias indígenas, guardias cimarronas y guardias campesinas, así como el reconocimiento y respeto a sus formas de organización y gobiernos propios.
- Asegurar una participación efectiva de las comunidades en las mesas de diálogo mediante la incorporación de sus propuestas.
- Evitar la criminalización y el encausamiento de líderes y lideresas que participen en diálogos en el marco de las mesas humanitarias.
- Implementar los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, reconociendo el impulso y avances realizados en el presente mandato. En este marco, dotar de apoyo político y recursos suficientes al Sistema Integral para la Paz.
- Garantizar un cauce de denuncias seguro y un sistema judicial efectivo que desarrolle procesos investigativos y sancionadores reparadores para las víctimas.
COMPROMISOS:
La Delegación Vasca muestra su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y la Paz mediante el fortalecimiento de NARE (Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos) y otras herramientas de acompañamiento y solidaridad impulsadas por las instituciones y organizaciones sociales vascas.
Manifiesta su total disposición a seguir manteniendo espacios de diálogo y colaboración con las instituciones colombianas y a seguir apoyando a las organizaciones, comunidades y colectivos que cada día apuestan por vivir en un país en paz con justicia social, ambiental y de género.
